La Guardia Civil en el marco de la denominada operación Ayote, ha desarticulado un grupo criminal que tenía sus bases de operaciones en Huesca, en Logroño y Alfaro (La Rioja) y que explotaba a mujeres nicaragüenses para cuidar en España a personas de avanzada edad, con enfermedades graves o algún tipo de dependencia. Con el trabajo de las 50 víctimas que han sido liberadas llegaron a obtener unos beneficios económicos de más de 750.000 euros.
Han sido detenidos los siete integrantes de esa red. De ellos, cuatro son mujeres -dos de ellas hermanas- y los otros tres son hombres y pertenecen a un mismo clan familiar nicaragüense, de entre 19 y 41 años. Los miembros de este grupo actuaban de manera estructurada, organizada y jerarquizada. A todos se les considera presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.
Una de las cabecillas del grupo fue detenida en la terminal T4 del aeropuerto de Madrid-Barajas Adolfo Suárez cuando intentaba introducir en España a otras tres víctimas procedentes de Nicaragua para su explotación. El resto de detenciones se realizaron de manera simultánea en La Rioja y Huesca, lugares en los que también se llevaron a cabo cuatro registros domiciliarios.
La Guardia Civil ha identificado a un total de cincuenta mujeres que han sido víctimas de esclavitud desde 2016 de esta organización, con las que habrían obtenido unos beneficios económicos superiores a los 750.000 euros.
Perfil de las mujeres
Las mujeres son de escasos recursos, pobres, jóvenes y sin estudios, con hijos a cargo. La red de explotación las traía a España engañadas con la promesa de un trabajo digno. Pero en lugar de prostituirlas, como es más habitual, la organización, desmantelada por la Guardia Civil, las obligaba a trabajar en el cuidado de personas mayores, enfermos graves o dependientes, en condiciones de «esclavitud».
Los miembros de esa red actuaban de manera estructurada, organizada y jerarquizada, según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa. Sus dos bases de operaciones estaban establecidas en Logroño y Alfaro (La Rioja) y en Huesca.
Familiares directos de los miembros del grupo criminal residentes en Nicaragua buscaban a las posibles víctimas, a las que prometían un trabajo bien pagado en España. Si aceptaban, les compraban el billete de avión y les entregaban mil euros en efectivo para justificar la estancia inicial, con visa turista limitada a 90 días.
Una vez en España, las víctimas contactaban con un miembro de la organización que las trasladaba a las viviendas de Logroño, Alfaro y Huesca. Seguidamente, les retiraban el pasaporte y el dinero entregado, advirtiéndoles de que habían contraído una deuda con la organización de 6.000 euros y que tenía que ser satisfecha en un corto plazo.
La jefa de la red usurpaba la identidad de las víctimas para poner anuncios como cuidadoras en Internet y redes sociales. Cuando cerraba el trato con los demandantes de estos servicios, enviaba a las víctimas para llevarlos a cabo. A final de mes, los demandantes les pagaban en negro y estas entregaban a la organización el 85% del dinero como pago de la deuda contraída, quedándose el resto para poder subsistir en España. El grupo sometía a las víctimas mediante constantes amenazas, intimidación, engaño y coacción, amedrentándolas con advertencias de las consecuencias a las que se enfrentarían sus familiares en Nicaragua, si llegaban a denunciar los hechos.
Cuando descansaban o se quedaban sin trabajo, la organización las alojaba en sus viviendas y les cobraban por todos los servicios. En caso de no poder pagarlos, les prestaban dinero a un interés del 20%, lo que hacía que la deuda llegara a cifras astronómicas difíciles de saldar y las ataba más a la organización. Incluso vendían a las víctimas productos de primera necesidad, que la responsable del grupo recibía de diferentes organizaciones de ayuda humanitaria, a precios abusivos, como un comprimido de paracetamol entre 20 y 30 euros.
A todos los detenidos se les considera presuntos autores de los delitos de trata de seres humanos con fines de explotación laboral, pertenencia a grupo criminal y blanqueo de capitales.
La operación, dirigida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Calahorra (La Rioja), ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil en La Rioja, colaborando en la misma sus homólogos de Navarra, Huesca y Tres Cantos, así como el Puesto Principal de Calahorra y la Unidad Cinológica Central.
TOMADA DE RLP
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