Después de seis años de huir de la justicia salvadoreña, el empresario José Ofilio Gurdián Lacayo, fue capturado a inicios de noviembre en Bogotá, Colombia, confirmaron medios de prensa de ese país.
La familia Lacayo era la propietaria de la empresa Baterías Récord, que fue señalada como la responsable del más grande desastre ambiental ocurrido en la historia de El Salvador, al contaminar con plomo los suelos, causando afectaciones de salud en miles de personas que aún padecen las consecuencias. De igual forma, se considera que esta contaminación originó decenas de muertos en la zona.
José Lacayo mantenía una difusión roja en su contra por la Policía Internacional (Interpol). Él y otros directivos de Baterías de El Salvador S.A. de C.V. huyeron hacia los Estados Unidos, por lo que se giró orden internacional de captura.
Autoridades migratorias colombianas detectaron la llegada de Lacayo a Bogotá, procedente de Estados Unidos, el pasado 5 de noviembre, cuando intentó ingresar utilizando un pasaporte nicaragüense. Al ser abordado por agentes migratorios, Lacayo afirmó que su viaje era por negocios en ese país.
Las autoridades colombianas trasladaron al salvadoreño hasta la cárcel La Picota de Bogotá y se dio a conocer que ya se inició el proceso de extradición a El Salvador.
Daño ambiental irreparable
En 1995 se instaló en el cantón Sitio del Niño, de San Juan de Opico, la fábrica de Baterías de El Salvador S.A de C.V., una empresa dedicada a la producción de baterías de carros y el reciclaje de las mismas.
La empresa pertenecía a un grupo de socios integrado por el exministro de Economía, Miguel Lacayo Argüello, Ronald Lacayo, José Gurdián Lacayo y Sandra Lacayo; además por Cecilia Escapini, Domingo Call y Dimas Alvarenga.
En 2003, Diario La Página dio a conocer las primeras denuncias por el daño ambiental que provocaba la fábrica que compraba piezas dañadas, les extraía el ácido para su reciclaje y posterior fundición.
Ese proceso implicaba el uso de químicos intensivos en agua, que después eran vertidos en el terreno, perjudicando las aguas subterráneas y los pozos artesanales de la zona. Además, la empresa trabajaba las 24 horas del día, generando emisión continua de gases tóxicos.
Luego de decenas de denuncias, las operaciones de la fábrica cesaron en septiembre de 2007 luego de 12 años, no sin antes dejar daños en más de diez poblaciones y más de 7.000 personas.
En 2010 el Gobierno de El Salvador declaró emergencia ambiental en la zona luego de hallar contaminación por plomo de la fábrica en un radio de 1.500 metros.
Estudios posteriores determinaron que en la zona afectada había niveles de 30.000 y 40.000 partes de plomo por millón de partículas y la norma determinaba que el límite era de 400 partículas por millón.
El plomo no solo estaba en el agua, sino también en la tierra, el aire, las plantas y en las zonas lecheras cercanas al lugar del daño ambiental, lo que produjo que las personas afectadas presentaran cefaleas, pérdidas de peso, problemas respiratorios y otras enfermedades.
En 2020 un voraz incendio consumió la fábrica que estaba abandonada y se reactivó la difusión de gases en el lugar. Lo daños ocasionados por la fábrica se elevaron a $4 mil millones.
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