El Gobierno colombiano declaró este lunes 12 de febrero una emergencia carcelaria para enfrentar la persecución de bandas criminales a los guardianes de prisiones y combatir la extorsión que se hace desde los centros de reclusión del país, todos con un alto hacinamiento.
La medida se da tras la ola de violencia de las últimas semanas en contra de los funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), de la cual el hecho más reciente fue el asesinato del agente Jesús Cárdenas, tiroteado por dos sicarios cuando desayunaba cerca de la cárcel San Sebastián de Ternera, en Cartagena (norte).
El director del Inpec explicó que, con base en el decreto de emergencia carcelaria, se podrán restringir las visitas a los presos, limitar las comunicaciones y realizar traslados y operaciones dentro de las celdas de los cabecillas de bandas como ‘La Inmaculada’, que el fin de semana desató el terror en Tuluá, en el departamento de Valle del Cauca (suroeste).
Por la captura de Mauricio Marín Silva, alias ‘Nacho’, uno de los jefes de ‘La Inmaculada’, conocida también como ‘La oficina’, esa banda criminal asesinó a un guarda de tránsito, quemó ocho vehículos y amenazó al alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez.
Ante esa situación, las autoridades del Valle del Cauca militarizaron la ciudad, pero, según informaron este lunes, la situación está controlada.
Osuna explicó que se comprarán equipos para bloquear la señal de teléfonos celulares en las cárceles, que son utilizados por presos para extorsionar e incluso planear otras acciones criminales.
Adicionalmente, se seguirán haciendo allanamientos y requisas sorpresivas en las cárceles y se trasladará a los presos de los que se sospeche que están delinquiendo desde sus celdas.
Lo que se busca al bloquear las señales es que los reclusos no puedan «comunicarse fácilmente ni establecer ningún lazo con la guardia penitenciaria ni con personas desde la cercanía de la cárcel», explicó Osuna.
El Inpec administra 125 establecimientos carcelarios en todo el país, con capacidad para 81.740 reclusos, pero en la actualidad albergan a 101.976 personas privadas de la libertad.
Eso significa que la ocupación en las cárceles del país excede su capacidad en 20.236 internos, lo que equivale a un hacinamiento del 24,7 %, clasificado como alto por el Inpec.
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