Miles de nicaragüenses y salvadoreños y de otros países amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), vivirán a partir de este jueves en la zozobra de ser deportados de Estados Unidos.
Más de 337 mil inmigrantes de Honduras, El Salvador, Nicaragua y Nepal se encuentran en vilo por el futuro del programa que va a ventilarse en una corte, luego de que las negociaciones fracasaran entre la administración del presidente Joe Biden y los demandantes.
En 2018, el entonces presidente Donald Trump, quien consideraba a los inmigrantes como terroristas, violadores y otros calificativos denigrantes, decidió cancelar el TPS pero una demanda extendió la vigencia hasta el 31 de diciembre de 2022.
Faltan poco menos de dos meses para conocer el fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito con sede en San Francisco, California, con mucho, el más grande de los 13 tribunales de apelaciones, con 29 jueces activos, que decidirá la vigencia o anulación del programa.
Según informes en los últimos cinco años los beneficiarios enfrentaron diferentes escollos en un escabroso camino, en su lucha por encontrar ayuda y obtener una solución permanente, la misma que demandó la víspera el Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador.
Tanto salvadoreños como hondureños advierten al gobierno estadounidense de las consecuencias adversas que tendría la no extensión de la protección para una solución de la crisis migratoria que enfrenta Estados Unidos por la situación existente en sus vecinos del sur.
Según Eduardo Enrique Reina, canciller de Honduras, si esas personas son deportadas eso significaría para los estados beneficiarios más desempleo, más violencia, más inseguridad alimentaria, menos oportunidades para las personas que en esos países, y muy probablemente en más migración irregular.
Raúl Hinojosa-Ojeda, profesor de ciencias políticas de la Universidad Central de California, calificó el caso del TPS como “espinoso” y a su juicio, ya sea que la corte o el gobierno federal decidan cancelarlo de forma definitiva, será un duro golpe para el gobierno de Nayib Bukele.
Este martes a una declaración de la cancillería salvadoreña se sumó un llamado de la National TPS Alliance para que las autoridades de San Salvador pidan a la Casa Blanca la “redesignación del TPS para salvadoreños”.
Esperemos que este apoyo sea más que una sola declaración pública, ¡Deben de acompañar a la lucha de sus comunidades en el exterior, con más hechos que palabras!… ¿Cuándo solicitará oficialmente el gobierno de El Salvador, la redesignación del TPS para los salvadoreños en Estados Unidos?”, cuestionó el movimiento en su cuenta de Twitter.
El asunto, al parecer ocupará espacios importantes en los medios del país en lo que resta de año, mientras crecerán las presiones sobre el gobierno de Bukele para que sea más consecuente en su apoyo a la comunidad de inmigrantes.
Comentarios Facebook