La Asamblea Nacional aprobó el jueves la nueva Ley General de Telecomunicaciones Convergentes, que establece un marco normativo moderno adaptado a los avances tecnológicos de la materia, a fin de garantizar a los usuarios el acceso eficiente de internet, telefonía, radio y otros servicios asociados a las tecnologías de la información.
La nueva ley deroga y sustituye la anterior Ley General de Telecomunicaciones y Servicios Postales – Ley 200, creada en 1995, que debido a su limitada capacidad de regulación en nuevos y complejos escenarios, carecía de eficiencia responder a las necesidades de un contexto actual de rápida y constante evolución de las nuevas tecnologías.
La Ley incluye la portabilidad numérica que permite a los usuarios conservar su número telefónico al cambiar de operador, proporcionando mayor libertad y fomentando la competencia leal entre los proveedores de servicios.
Esta disposición representa una salvaguarda crucial para los ciudadanos, quienes podrán confiar en que solo pagarán por los servicios efectivamente solicitados, lo que contribuye a una mayor justicia económica y equidad en el acceso a la tecnología.
“Nos estamos adecuando a los cambios y transformaciones, pues si bien las leyes tienen vigencia en determinado momento pero los avances y el desarrollo de la sociedad obliga a hacer esos cambios, administrando de manera más eficiente el sistema de telefonía en nuestro país”, aseveró el diputado Wilfredo Navarro, Segundo Secretario de la Junta Directiva.
La legislación confiere al ente regulador de las telecomunicaciones TELCOR las atribuciones necesarias para una fiscalización adecuada en el fomento de la investigación, la innovación, y la implementación de una regulación de cuarta generación orientada a promover la expansión de infraestructura de redes de alta seguridad.
TELCOR posee a partir de ahora un marco jurídico mucho mejor definido que le permitirá garantizar la seguridad y estabilidad jurídica de las telecomunicaciones, mediante el establecimiento de reglas, regulaciones, condiciones, obligaciones y derechos que sean justos, claros, transparentes y no discriminen entre operadores, proveedores y usuarios.
Esta ley faculta a TELCOR con herramientas reguladoras, fiscalizadoras y supervisoras que permiten planificar, administrar y garantizar el uso eficiente de las infraestructuras y servicios de telecomunicaciones, asegurando el cumplimiento de los objetivos establecidos en la Constitución con relación a las condiciones de competencia del mercado y a la prestación de servicios, contribuyendo al bienestar de todos los usuarios.
En conjunto, estos elementos constituyen un paso decisivo hacia un futuro más conectado y accesible para el pueblo nicaragüense, estableciendo las bases para un desarrollo sostenible en el ámbito de las telecomunicaciones.
La ley, presentada por el Presidente Daniel Ortega, incorpora numerosos elementos que garantizan la protección de los derechos a los usuarios de las telecomunicaciones y obligaciones de los operadores, tomando en cuenta la complejidad y el desarrollo de nuevas tecnologías, el surgimiento de escenarios de oferta de nuevos servicios, modelos de negocios y la promoción de las inversiones en el sector para el despliegue de infraestructuras de redes.
Un funcionario de Telcor califica la nueva ley como “un acontecimiento trascendental en el desarrollo del sector de las telecomunicaciones en Nicaragua, lo que permitirá un incremento en el acceso a esos servicios, contribuirá a la reducción de la brecha digital y facilitará el desarrollo económico y social del país”.
Según Telcor, la nueva ley “posiciona a Nicaragua en la categoría de modelo regulatorio denominada de cuarta generación por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), la cual se orienta a promover la conectividad de alta velocidad, de calidad y asequible a todos los usuarios”.
Asimismo, la nueva ley permite promover “la competencia del mercado, la inversión para el despliegue en diversas infraestructuras de redes, el desarrollo de la innovación y creatividad mediante un esquema dinámico regulatorio experimental que permite a emprendedores poner en práctica sus nuevos servicios y modelos de negocios, así como el uso eficiente de las redes y los recursos públicos”.
La diputada Jenny Martínez, presidenta de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, explicó que la ley “incorpora explícitamente los derechos de todos los usuarios de las telecomunicaciones, con especial énfasis para todas las personas con discapacidad”.
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