Unos 1.620 menores de edad han sido detenidos durante el régimen de excepción establecido en El Salvador para combatir la escalada de violencia, desde el pasado 27 de marzo y hasta el 20 de abril, informaron este miércoles organizaciones defensoras de derechos humanos (DD.HH.).
Los jóvenes reportados oscilan entre los 12 y los 17 años de edad, pero a tenor del seguimiento hecho, las organizaciones desconocen oficialmente cuántos de ellos son pandilleros.
El director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gavidia (UFG), Óscar Picardo, expresó que las medidas deben tener un fin reeducativo que ofrezca nuevas oportunidades de vida para estos menores.
Según las investigaciones realizadas por las instituciones de derechos humanos, se detienen a 65 menores diariamente en toda la nación centroamericana.
Sin embargo, los pormenores sobre las audiencias y los tránsitos a centros provisionales de detención no han sido publicados por la Policía Nacional Civil ni la Fiscalía General de la República.
La experta en derechos humanos, Celia Medrano, declaró que Naciones Unidas ya ha solicitado al Gobierno salvadoreño que “revise los cambios en la Ley Penal Juvenil y le recuerda que los derechos de los niños, niñas y adolescentes se aplican en todo momento, incluso en excepción”.
De acuerdo con el informe, gran parte de los detenidos son de sexo masculino con un total de 1.367, mientras que fueron detenidas 253 de sexo femenino.
Además, la mayoría de los detenidos son de los departamentos San Salvador, San Miguel y Santa Ana con 1.121, 201 y 155 detenidos, respectivamente.
Las Fuerzas Armadas reportaron, el pasado martes, 19.720 detenidos desde inicios de la medida, pero se desconoce la cifra exacta de los menores arrestados.
El Salvador firmó desde 1990 su compromiso con la Convención de los Derechos del Niño, que establece la detención de menores solo como de último recurso y en breve periodo.
Por su parte, la Asamblea Legislativa precisó, el pasado 24 de abril cuando amplió el periodo de excepción, que la estrategia permite combatir a los «grupos delincuenciales, que tanto luto han causado a miles de familias».
En esa oportunidad, el Parlamento recalcó que el objetivo principal es “contener y reducir el repunte en los homicidios y garantizar la paz» en la nación centroamericana, que ha vivido una escalada de violencia, homicidios y secuestros en los últimos meses.
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