Denuncian muerte de presos y detenciones en masa en El Salvador

El Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la Universidad Centroamericana de El Salvador publicó este miércoles un informe sobre los primeros 100 días del régimen de excepción que rige el país centroamericano desde el pasado mes de marzo, el cual da cuenta de la muerte de 59 detenidos bajo ese régimen.

El documento, denominado “100 Días de Régimen de Excepción en El Salvador” y elaborado por el Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), señala que todas las víctimas son hombres y que el 27,1 por ciento tenía entre 18 y 30 años.

Un porcentaje similar eran personas de 31 a 40 años, un 35 por ciento de 42 o más años y en un 10 por ciento de los casos no fue posible identificar la edad.

De acuerdo a la denuncia de la UCA, el régimen de excepción ha dado lugar a arrestos en masa de personas y para el 26 de julio había poco más de 49.000 personas detenidas bajo el mismo.

Asimismo, refieren que de la cifra poco más de 1.100 son niños de entre 12 y 18 años de edad y hay, además, una diferencia de casi 9.000 personas detenidas entre los datos que hicieron públicos la Policía y la Procuraduría de Derechos Humanos (PDDH), lo cual viola lo establecido en la Constitución que dice que toda detención debe ser notificada a la PDDH.

De acuerdo a la investigadora Natalia Ponce, del Observatorio de Derechos Humanos, “las muertes de privados de libertad bajo custodia del Estado se dieron por golpizas en las cárceles o bartolinas, agresiones físicas de otros internos, y también como resultado de negligencia en la atención médica al no proveer un debido tratamiento”.

Más de 49.000 supuestos miembros de pandilla han sido capturados en El Salvador durante cuatro meses de régimen de excepción, medida implementada desde finales de marzo para combatir a las pandillas, según reveló el lunes pasado el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.

El régimen de excepción, aprobado en marzo y renovado de manera sucesiva en la Asamblea Legislativa en cuatro ocasiones, suspende los derechos a ser informados de los motivos de su detención, así como los límites de la detención administrativa, entre otros derechos asociados a impedir detenciones arbitrarias.

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