Contraloría audita alcaldía de Mulukukú

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La Contraloría General de la República se encuentra realizando una auditoria en la alcaldía municipal de Mulukukú, en la Región Autónoma del Caribe Norte, donde indagan denuncias de supuestas irregularidades en el manejo de proyectos, entre otros.

El equipo de auditores tuvo que solicitar la intervención de la Policía Nacional debido a que el alcalde Apolonio Fargas bajó orientaciones a su equipos de no dar acceso a la información conoció Radio URACCAN Siuna

Entre la información que está bajo resguardo temporal del equipo de auditoria, se encuentran computadoras del área administrativas y documentación financiera.

Entre las irregularidades denunciadas ante la Contraloría General de la República, Fiscalía General de la República, Procuraduría General de la República y la Policía Nacional, se encuentran fraude al seguro social por la suma de C$ 4, 634, 607, dinero que fue retenido a los trabajadores, pero no transferido al seguro social, manejo irregular del proyecto del sistema de alcantarillado y sistema de tratamiento seleccionado el cual fue de C$ 28.9 millones, ejecutado de forma irregular, donde las obras fueron de una calidad inferior al monto destinado, malversación de recursos destinados para construcción de estadio de fútbol, obra que nunca se ejecutó en físico, pero que si realizaron la ejecución financiera.

En la denuncia también se señala al edil de violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer, actos cometidos contra la vice – alcaldesa Silgia Lorena Gómez Ruiz quien ha sido objeto de violencia y acoso laboral por orientación del edil.

De esta forma el edil es señalado de enriquecimiento ilícito, malversación de caudales público y fraude, pero además del abandono del cargo ya que aseguran que este no se presenta a la comuna.

Fargas fue liberado el pasado 11 de junio bajo el amparo de ley de amnistía, tras pasar once meses detenido luego de ser vinculado al ataque al puesto policial de la comunidad Sislao Paraska, comarca Pueblo Nuevo, de este municipio en el que murieron tres oficiales de la Policía Nacional.

El edil fue acusado de los delitos de terrorismo, crimen organizado, asesinato, toma de rehén y tenencia ilegal de armas, en perjuicio de los tenientes, Dixón Bismarck Soza Enríquez, de 43 años, Carlos José Zamora Martínez, de 36 años y Martín Exequiel Sánchez Gutiérrez, de 39 que murieron en el ataque.