Asamblea Nacional aprueba creación del Consejo Nacional de Rectores y Secretaría Técnica Especializada
La Asamblea Nacional aprobó este jueves la creación del Consejo Nacional de Rectores de Universidades y una Secretaría Técnica Especializada, ambas propuestas impulsadas por la Presidencia de la República mediante una iniciativa de reforma a las leyes que rigen la educación superior en Nicaragua.
Para establecer estos nuevos entes, el Parlamento aprobó reformas a la Ley No. 89, Ley de Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, y a la Ley No. 582, Ley General de Educación.
De acuerdo con la iniciativa, el Consejo Nacional de Rectores será la instancia encargada de atender todos los temas relacionados con el ámbito académico universitario, incluyendo las extensiones en sus distintas modalidades, el desarrollo de carreras y profesiones, así como la articulación del sistema educativo superior.
Por su parte, la Secretaría Técnica Especializada asumirá funciones clave como la gestión del Registro Nacional de Títulos y Grados Académicos, los procesos de acreditación, evaluación y planificación institucional, además de promover el desarrollo tecnológico en el sector educativo.
En la exposición de motivos, la Presidencia sostuvo que “la educación superior, en todas sus expresiones y modalidades, constituye un ámbito prioritario para el desarrollo con justicia y equidad”. En ese sentido, se justificó la necesidad de continuar con un proceso de reordenamiento institucional que permita mejorar la calidad del servicio educativo, optimizar la gestión de las universidades públicas y definir con claridad el rol de las universidades privadas.
La diputada Ángela Espinoza, presidenta de la Comisión de Educación, Cultura y Medios de Comunicación, destacó que estas reformas fortalecen el modelo educativo nacional.
“Estas reformas vienen a fortalecer nuestro modelo educativo con una visión integral, contribuyendo al desarrollo humano sostenible y a la reducción de la pobreza. También facilitarán la gestión financiera y presupuestaria de las universidades, permitiendo un mejor vínculo entre sus necesidades y los recursos asignados, en cumplimiento del artículo 114 de la Constitución Política”, expresó la legisladora.
El artículo constitucional mencionado garantiza que las universidades recibirán un 6% del Presupuesto General de la República, como parte del financiamiento estatal a la educación superior.
